Un protocolo contra el ejercicio de la libertad de expresión

mayo 8th, 2017 | por laopiniondiaria
Un protocolo contra el ejercicio de la libertad de expresión
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(Por: Fabiana Solano*, para La Opinión Diaria. Escuchala los viernes en Circus)

Desde la asunción de Mauricio Macri y la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se vienen registrando en todo el país denuncias de diferentes medios, sobre todo radios comunitarias y cooperativas, por el decomiso, clausura y cierre de los espacios en el marco de procedimientos represivos y de amedrentamiento que en muchos casos se llevan a cabo de forma mancomunada entre funcionarios del Ente y personal de Gendarmería. No solo que las acciones se producen sin intimaciones previas, sino que además recubren con acciones legales y argumentos burocráticos un claro intento por acallar voces disidentes y criminalizar el ejercicio de la libre expresión.

Hasta el momento se han producido allanamientos y decomisos en varias provincias del país. En San Luis, ya en enero de 2016 el Enacom allanó a Radio Masi, de la comunidad boliviana, y secuestró sus equipos. La medida se tomó por una denuncia de interferencia con una frecuencia aeroportuaria. Masi ha dejado de emitir por aire. En julio del mismo año en José C. Paz, Provincia de Buenos Aires Buenos Aires el Enacom intimó a FM Sol y Verde de José C. Paz a cesar su transmisión bajo apercibimiento de incautar su equipamiento por “clandestina”. Gracias al trabajo articulado con organizaciones sociales, otros medios y la Defensoría del Público logró frenarse la medida.

En octubre de 2016 la persecución llegó a FM Rosicler 91.3 La Voz del Migrante de la ciudad de Salta a travez de una intimación a dejar de transmitir y desmantelar sus instalaciones con la advertencia de que, si no cumplía, decomisaría sus equipos. La medida se originó en una denuncia por interferencias hecha por FM Aires, emisora comercial que opera en el 91.1. Desde entonces, La Voz del Migrante no se escucha más.

Nuevamente en el Gran Buenos Aires, pero esta vez en Moreno, en febrero de 2017 el Enacom cortó las transmisiones de FM Ocupas 88.3 a partir de una denuncia de interferencia aeroportuaria. La intimaron a realizar un descargo en tres días hábiles y a concluir su normalización en diez, o secuestrarían sus equipos. La radio hizo el descargo y aún espera la resolución. Desde febrero no transmite por antena y fue obligada recientemente a salir del aire por el Enacom, también con la excusa de interferencias. Si bien dichos inconvenientes fueron solucionados, y la emisora aún no recibió respuesta. El jueves 27 de abril desarrolló un programa especial con el propósito de visibilidad el asunto.

En la Ciudad de Buenos Aires  los integrantes del Antena Negra TV se encuentran en juicio al ser acusados de interferir la señal de la empresa de seguridad privada Prosegur. En Formosa el 7 de marzo el procedimiento se desarrolló contra FM Milenium, FM Popular y FM La Torre, aludiendo interferencias con el aeropuerto de Resistencia, Chaco.

En La Matanza, en abril el Ente decomisó los equipos de dos radios comunitarias, la Radio M de Virrey del Pino y FM Fórmula de la localidad de Merlo, con la excusa de que interferían en comunicaciones aéreas. Gustavo Cibreiro, presidente de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza (UCAYA), relató que además detuvieron al responsable de una de las radios y le iniciaron una causa penal. Como consecuencia Radio M dejó de emitir a fines de febrero y dispuso el equipamiento necesario para evitar interferencias. Sin embargo hace pocos días sin tener constancia de que el ENACOM hiciera nuevos controles, sus equipos fueron secuestrados y uno de sus responsables, Ariel Montes, fue demorado en una comisaría de Morón. Se le imputó el delito tipificado en el Código Penal Argentino bajo el artículo 194 (no casualmente el mismo que se alude en el protocolo antipiquetes).

El reemplazo de la AFSCA por el ENACOM fue una de las primeras polémicas que desató el gobierno a días de haber asumido. Su creación, a través del decreto 267/2015, fue un gesto desesperado para eliminar intempestivamente los vestigios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como a los trabajadores del área involucrados en el proyecto anterior. Fue enmarcado bajo el Ministerio de Comunicaciones, se disolvieron los órganos de representación federal y sectorial con los que contaba, y comenzó una gestión que pone el foco del trabajo comunicacional en cuestiones meramente administrativas, legales y comerciales.  Asimismo las leyes N° 26.522 y N° 27.078, sufrieron fuertes modificaciones a favor de los grandes medios y las corporaciones amigas.

A un año de dicho acontecimiento el Ente creó la Dirección Nacional de Control y Fiscalización que se encarga de avanzar sobre las estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción a través de un nuevo protocolo que se lleva a acabo con la colaboración de fuerzas policiales y una orden judicial. A través de la Resolución 2064-E/2017 se establece un procedimiento sumarísimo para disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa/y o comiso (sic) según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”. Dicha Resolución complementa la a 9435 dictada en diciembre de 2016 que establecía un Protocolo de actuación ante casos de interferencias en el espectro radioeléctrico.

El protocolo se activa ante supuestas denuncia de interferencias o ante alguna tarea de inspección. Luego se hace una comprobación técnica y si existe la interferencia se intima a cortar las emisiones. En caso de negarse se avisa a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización a los fines de solicitar al juzgado competente del sitio sometido a verificación, para su intervención con el objeto de concretar el mencionado cese de emisiones. Luego, el titular de la Dirección puede declarar la ilegalidad, la clausura, decomiso o secuestro de equipos.

Cabe recordar que cuando se habla de emisoras “no autorizadas” se está estigmatizando a cientos de medios que aún no tienen licencia, pero sí reconocimiento o están empadronadas (formas contempladas en la ley de medios vigente). Estas irregularidades no son consecuencia de la voluntad de los medios comunitarios, alternativos y populares, sino de los retrasos del Estado para comprender su rol social y garantizar las mínimas condiciones de desarrollo.

Tal disposición se aparta, además de la Constitución Nacional, los Pactos y Tratados Internacionales sobre la libertad de expresión, de lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 26.522 (todavía en vigencia) que dice: Emisoras ilegales. Hasta tanto finalicen los procedimientos de normalización de espectro, la autoridad de aplicación deberá, como previo a toda declaración de ilegalidad, requerir a la sumariada la totalidad de los trámites que hubieren iniciado requiriendo su legalización, y a la autoridad regulatoria y la autoridad de aplicación en materia de telecomunicaciones los informes sobre si la emisora causa interferencias y si tiene factibilidad de previsión en el Plan Técnico la localización radioeléctrica en cuestión. En caso de encontrarse la emisora en condiciones de haber solicitado su legalización, la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre ella como condición para el dictado del acto administrativo“”.

El contraste con la etapa anterior es evidente. Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y hasta diciembre de 2015 el protocolo del AFSCA, en caso de detectarse interferencias, comenzaba con la notificación a la emisora y luego el inicio de una serie de acciones que tenían como objetivo resolver la falla y asegurar el pleno funcionamiento de la emisora. Lo que se observa en la actualidad es una nula predisposición del gobierno a colaborar con los medios autogestivos, que en su mayoría no tienen fines de lucro, en complicidad con los hegemónicos que consideran la comunicación como un mero negocio.

En abril la Red Nacional de Medios Alternativos emitió un comunicado rechazando “cualquier intento de acallar las voces alternativas, comunitarias y populares, bajo cualquier pretexto, y alertamos sobre la discrecionalidad que esta Resolución puede darle al Estado para embestir contra las voces disidentes”. En el mismo sentido la Coalición por una Comunicación Democrática publicó un protocolo propio ( http://www.coalicion.org.ar/protocolo-frente-a-procedimientos-e-inspecciones/ ) que da cuenta de los procedimientos que debe llevar a cabo una emisora frente a procedimientos e inspecciones del ente enmarcados en la resolución.

Podés escucharla a Fabiana Solano, en ‘Cultura en 120’, todos los Viernes a las 18hr en Circus 104.9 o www.circusplay.net, en el programa ‘¿Quién Dijo?

Si te la perdiste, te dejamos con lo que fue su tercera entrega, acá:

*Fabiana SolanoProfesora de Sociología y Licenciada en Sociología de la UBA, Técnico Superior en Periodismo, Profesora de Ciencias Sociales e Inglés, fue redactora y fotógrafa de “Revista Cítrica” y de la revista “El Acople”, fue productora de ‘El Acople Radio’ y columnista de Diario Registrado y Pensado Para Televisión (PPT)

 

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