Los muertos de la democracia

marzo 19th, 2018 | por laopiniondiaria
Los muertos de la democracia
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(Por: Andrea Sabbatella Idzi para La Opinión Diaria)

Facundo Ferreira, un niño de 12 años, el pasado jueves 8 de marzo, fue baleado por la espalda por la policía tucumana. Iba en moto con su amigo de 14 años a ver las picadas de automóviles, y al cruzarse con dos patrulleros, recibieron balas de plomo. Su amigo sobrevivió, pero Facundo no corrió la misma suerte.
El suceso configura ni más ni menos que un fusilamiento por la espalda. No sería tan llamativo si no formara parte de una crónica nacional que adiciona un episodio más a la historia de la violencia institucional en nuestro país. Se impone el discurso de la emergencia y la eliminación de la amenaza.

Clima de inestabilidad social

Para tener una compresión de esta realidad, necesitamos asumir la tensión que bulle a consecuencia de una inestabilidad socioeconómica, y como desenlace, la respuesta de “mano dura” esgrimida por el oficialismo.

El último informe anual elaborado por la ONG humanitaria con presencia global, Amnistía Internacional, reveló que toda América padece un contexto de creciente confrontación y vulneración de los Derechos Humanos. Destacó que esta situación es “fomentada por la creciente intolerancia de los gobiernos con la disidencia y el aumento de la demonización en la retórica política”. La organización destacó que la región se convirtió en “una de las más violentas y con mayor desigualdad del mundo”. En la lista, figura la Argentina, junto a Colombia, Venezuela, México y Brasil.

La preocupación por parte de numerosas áreas comprometidas con los derechos ciudadanos, surge ante eventos que constatan una hostilidad creciente al interior de la sociedad, y se torna letal con la respuesta oficial. El ancho de espadas favorito del gobierno argentino consiste en la presencia de las fuerzas de seguridad ante todo tipo de tensión social. Van sumando de a uno los muertos en plena democracia y Estado Constitucional de Derecho.

El 25 de noviembre del pasado año, un joven mapuche de la lof Lafken Winkul Mapu (lago Mascardi, en la provincia de Bariloche) recibió por la espalda un tiro de 9 milímetros. Luego de meses del suceso, no se lograron clarificar las circunstancias, y desde el gobierno se vertió una serie de explicaciones más bien justificativas y evasivas que tendientes al esclarecimiento.

La llamada Doctrina Chocobar

Sin que hubiera pasado mucho tiempo, el 8 de diciembre ocurrió el episodio más resonante, el asesinato por la espalda del joven Pablo Kukoc, autor de un violento robo en el barrio porteño de La Boca. Mes y medio después, el oficial responsable, Luis Chocobar, fue recibido por el presidente de la Nación, y de ese modo convertido en mascarón de proa en una cruzada contra el mal, llevada adelante por el gobierno. Chocobar, un oficial del Partido de Avellaneda, -correspondiente a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires- actúo fuera de servicio, después de que se hubiera producido el robo y las lesiones, rematando al ladrón en el suelo, previa persecución. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich respaldó este accionar, explicando que “siguió todos los protocolos de la nueva doctrina que hemos elaborado”. De esta manera bautizó con nombre propio un nuevo capítulo de la historia de la mano dura en la Argentina. Entre otros razonamientos, llamativamente, la ministra adujo que “el policía no puede ser victimario, ya que cumple con su deber y tiene el beneficio de la duda”. Esta lógica lejos de ser novedosa, ya fue pregonada durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando anunciaba el juicio a los ex comandantes de la dictadura. El fundamento de la “obediencia debida” pretendía absolver de culpa y cargo a militares de rangos inferiores, basándose en el cumplimiento de un deber de obediencia.

En una sociedad, un orden es deseable, y todo aquello que -en teoría- amenaza con su desintegración, es reprimido. Al menos esto se colige de la existencia de una autoridad, quien toma las riendas en miras de contener el impulso vindicativo primigenio. Las cárceles fueron la pretendida resolución de toda amenaza. Sin embargo, de la “Doctrina Chocobar” se infiere que el Estado no busca la prisionización del sujeto portador del peligro, sino su muerte.

La crudelización en tiempos de tensión

Se consolida la construcción de un razonamiento en orden a racionalizar un incremento del punitivismo. Para tener cabal entendimiento, el poder punitivo es un instrumento de verticalización social mediante el cual se condicionan las libertades individuales. Esto sucede con motivo de una neutralización a una amenaza que pone en riesgo un cierto orden deseable. El poder punitivo es nada más que estructura lógica que le sirve a leyes jurídicas como elemento de estabilidad. Sin tal elemento, la norma en cuestión, carecería de validez. De allí que el elemento sea la sanción (la pena, el castigo). Las normas jurídico-penales definen delitos y establecen sanciones.
Sin embargo, todo esta arquitectura semántica es absoleta cuando no bucean en su ambiente natural: el debido proceso legal.

La validación de una sistemática del fusilamiento, como medio de reducción del peligro, está divorciada de toda biblioteca jurídica moderna.

Son múltiples y complejas las interrogantes que de este tenso debate se extraen.

Asumiendo que tenemos aspiración a una mejor calidad democrática, nos preguntamos si debiéramos sumarle un más alto estándar de tratamiento de las tensiones sociales. Lo que sería lo mismo que preguntarnos si acaso las instituciones estatales irán a consolidar sus propios principios, o echaremos mano a viejos artificios autoritarios y despóticos.

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